Javier Romero
La aguda crisis de la economía española tiene consecuencias específicas para las empresas del Sector Cultural. Sin duda la cuestión merece un estudio en profundidad no sólo por parte del propio sector sino también de las autoridades políticas y económicas. Creo que conviene mirar la situación con algo de perspectiva y no dejarse llevar por cantos de sirena que suenan a solución y que quizá sean sólo una nueva ganancia de pescadores en río revuelto. Esto viene a cuento del asunto recurrente que vuelve a plantear Jaume Colomer en “Los riesgos de la externalización” de la edición ARTEZ de noviembre.
Lo primero es aclarar que donde se dice externalización se quiere decir privatización de los recursos públicos tanto económicos como de infraestructuras y equipamientos. Parece que Cataluña es la avanzada de la nueva marea privatizadora, aunque lo de poner en manos particulares los servicios públicos que pagamos entre todos es una industria común de los políticos de toda España. Por ejemplo en mi pueblo, Getafe, están privatizando todo el sistema público de Deportes. ¡En plena crisis del neoliberalismo!
Los resultados de la privatización, sin embargo, no son precisamente tan buenos como se pretende. Por lo que sabemos, en primer lugar, la privatización de servicios no abarata en general costes a la Administración. Ésta siempre tiene que financiar a las empresas concesionarias y hasta con cantidades superiores a las que gastaba antes de privatizar. Tampoco se abarata para el usuario que además de pagar impuestos para disfrutar de un servicio, pagará otra buena parte de los costes de explotación del mismo servicio incluido el beneficio empresarial. No he visto nunca que un ayuntamiento baje los impuestos tras privatizar un servicio público.
En segundo lugar la privatización no mejora la profesionalización de la gestión y, por tanto, no mejora la eficiencia de los procesos de trabajo. Todos sabemos que la empresa privada precariza hasta el límite las condiciones de trabajo. Y no creo que esto mejore la calidad de la prestación del servicio. Eso sí, los políticos se quitan de encima el marrón de la dirección del Personal.
Finalmente, la privatización tampoco mejora la calidad, la variedad y la innovación de la oferta cultural porque conlleva una tendencia al abaratamiento de costes que implica condiciones leoninas para las compañías contratadas que sólo pueden satisfacer con proyectos de calidad relativa. Con la privatización se favorecen las ofertas para públicos masivos porque prima la taquilla y por tanto no se asumen riesgos ni complejidades creativas. También hay que señalar que la gestión privada quiere maximizar sus ingresos y suele tener predilección por la creación de cotos privados que serán infranqueables para otras iniciativas que no formen parte del negocio. De hecho se están produciendo importantes críticas de las compañías artísticas catalanas en este sentido.
Hay que preguntarse si la privatización va a solucionar alguno de los problemas que tiene planteados el Sector Cultural. Por ejemplo la ausencia de regulación legal específica para la contratación cultural que genera inseguridad jurídica (hay ayuntamientos que están contratando las actividades culturales sin contratos por escrito, con los mismos contratos menores con que contratan la adquisición de bolígrafos. ¿Tan difícil sería crear un sólo modelo de contrato con las garantías suficientes para las contrataciones culturales de menos de 18.000€ de los ayuntamientos?). O la morosidad, la escasez de presupuestos y de ayudas públicas (en el reciente Congreso de Gestión Cultural de El Ejido alguien planteó como deseable que la Cultura dependiera menos de las ayudas públicas: ojalá que fuera posible pero de momento es algo muy poco realista pues ¿qué sector económico no recibe ayudas públicas mucho más jugosas?). ¿Mejorará la privatización la gran arbitrariedad en las decisiones de política cultural de la Administración, la desregulación profesional o el escaso reconocimiento social y político de la Cultura...?
En definitiva, aparte de beneficio económico para el empresario (probablemente afín al partido de turno) y de hacerles la vida más fácil a los políticos, la gestión privada de los servicios públicos de Cultura no aporta nada interesante para el común de los mortales y terminará por convertir la Cultura en un “producto” de mercado sin más. Algo que empobrece el papel que debiera cumplir en un estado moderno y de bienestar como el que querríamos tener.
No hay que olvidar que la Cultura posee una doble naturaleza: por un lado es casi lo único que un extraterrestre encontraría interesante si bajara a la Tierra (me lo han dicho) porque representa lo genuino humano (los insectos descubrieron la organización del trabajo y la productividad antes que Taylor y Ford), su creatividad en estado más puro, la capacidad de expresar y provocar sensaciones y sentimientos con recursos técnicos diversos y depurados. La cultura construye la identidad íntima de la comunidad y cala hasta los genes a sus individuos. Por eso debe ser considerada un bien de interés general y tenemos que garantizar su desarrollo y proteger su diversidad. Algo que no está al alcance de la privatización.
Por otro lado, la cultura artística también es una industria que ya aporta al PIB más de un 4% y tiene un potencial generador de economía y de empleo importante. Creo que en plena crisis del modelo económico neoliberal las autoridades políticas y económicas no pueden seguir obviando el dato de la Cultura. No se comprende que para los políticos su crecimiento no sea prioritario. No puede ser que el mismo político que alardea del empleo creado con el Plan Zapatero sin solución de continuidad se jacte del recorte presupuestario que le ha dado a la Cultura de su pueblo. Algo falla. ¿Acaso el paro de los trabajadores de la Cultura es menos importante? Porque luego, cuando llegan las elecciones, siempre vemos a artistas de todo tipo en la foto de los políticos...
Hay que seguir reclamando a las administraciones que faciliten y fomenten el desarrollo de las iniciativas genuinamente privadas allá donde sea posible y desde luego donde ya existen. Muy en particular aquellas que cumplen la función de espacio cultural alternativo. Por supuesto también los teatros comerciales de las grandes ciudades (y donde los haya). Pero somos el país del turismo de masas y sin embargo no hay en Madrid un solo teatro privado o público que programe de forma estable el canon clásico del teatro español (creo que la CNTC tiene otra función). No digamos el de la música o la danza. Privatizar lo público desmontaría lo que se ha creado hasta ahora pero no aportaría servicios nuevos. Es mejor dirigir nuestros esfuerzos a generar ideas y proyectos que puedan gestionar las pequeñas y medianas empresas mediante acuerdos con las administraciones. Así se desarrollaría y diversificaría el papel de la Cultura en España.
También es urgente seguir avanzando en propuestas que obliguen a todas las administraciones a implicarse en el proceso de convergencia cultural con Europa: 1) Ley de las Artes y la Cultura que garantice su reconocimiento y su estatus como bien de interés general y como “asunto de estado” al resguardo de los avatares partidistas; 2) definición, descripción y clasificación por ley de los servicios municipales de Cultura mínimos con arreglo al tamaño de los ayuntamientos y su dotación adecuada de recursos; 3) profesionalización de los agentes y de la gestión cultural; 4) estructuras y mecanismos de apoyo para los nuevos creadores...
Sinceramente, no creo que la privatización de lo público tenga mucho que ver con todo esto.
