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Lun, Dic

Y no es coña | Carlos Gil

Acabo de llegar de Loja (Ecuador), donde he pasado unos días de apretada programación ecuatoriana e internacional en su Festival de las Artes Vivas, y hoy termina una gestión que no se sabe si tendrá continuidad para el próximo año, ya que se hacen convocatorias anuales. En Madrid, en el espacio, a mi entender desaprovechado en todas sus posibilidades, de Conde Duque, la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la que depende este centro cultural rompe el contrato con los actuales directores artísticos que llegaron a este puesto por convocatoria pública del anterior equipo de gobierno y van a anunciar al nuevo responsable que se elegirá directamente. Hace una semana que otro espacio de la misma concejalía, duplicó la dirección nombrando a Laila Ripoll para asuntos teatrales, manteniendo al anterior nombrado para los musicales.

 

Podría seguir relatando algunos cambios en puntos cruciales de la gestión de teatros o festivales que llegan de diversos lugares del planeta y que nos colocan ante una disyuntiva que se podría resumir en dos constataciones y ninguna es positiva. Los partidos políticos tienen una idea patrimonial de casi todo, pero en Cultura, es donde abundan más los sectarismos, los partidismos y la estrechez mental. De tal manera que cuando llega un nuevo responsable a un lugar de poder se dedica en los primeros meses a cambiar todo lo existente y poner “a los suyos”, o lo que es peor, nombra a un asesor, normalmente un frustrado que intenta vengarse de los anteriores y poner a los que les cae mejor. Esto sucede hasta cuando son del mismo partido, lo que es bastante clarificador de la falta absoluta de ideas básicas, de planes o de políticas de largo alcance.

La segunda cuestión que se detecta es que no se encuentra una manera realmente efectiva, transparente e indubitable de acceder a estos lugares de gestión. Las dos maneras que se usan normalmente son la designación directa, con lo que el político de turno asume la responsabilidad de esa gestión, y la convocatoria pública, que en un principio suena mejor, pero que en las bases normalmente encierra una trampa por donde caben todas las sospechas. La elección del jurado que va a estudiar las candidaturas presentadas es fundamental para encauzar los resultados, ya que no es tan difícil poner a las personas que coincidan en sus ideas con la del convocante y, además, en algunas ocasiones este jurado lo único que hace es proponer una terna de candidatos y la responsable política es la que elige en última estancia la persona que se hará con el cargo. 

Hay una derivada coyuntural y es que se emplea con demasiada frecuencia el contrato mercantil con los elegidos, es decir, no ocupan un lugar orgánico, sino que deben ser trabajadores autónomos que se vinculan con la institución de manera externa. Esto reafirma la sensación de falta de confianza, de prevención administrativa que no propicia la integración y la colaboración en igualdad de condiciones con el personal con el que deben tratar cotidianamente, que sí son funcionarios públicos. Existen muchas maneras de entender estas relaciones laborales, la comparación es motivo de más largo estudio que estas pinceladas.

Si existiera en los partidos políticos voluntad clara de atender a la Cultura como se merece, existirían leyes, reglamentos, proyectos de largo alcance que no se podrían variar de manera espontánea. En Educación existen unas leyes que enmarcan las relaciones, los planes de estudios, los objetivos. Lo mismo en Asuntos Exteriores, industria o las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero no en Cultura, al menos en España, no existen otros objetivos que la continuidad en mantener algunos teatros líricos, los museos más emblemáticos y cuatro cosas más, el resto está transferido a las comunidades, y en cada una de ellas, hay clientela a la que atender, objetivos diversos, realidades contradictorias. Por lo tanto, armonizar en un nivel estatal es difícil, especialmente porque hay tres comunidades con idioma propio, y en Catalunya un idioma de uso cotidiano y de nivel cultural comparable que es el utilizado normalmente en escena.

Si existieran objetivos generales marcados, sistemas de producción parecidos, leyes que obligaran a un uso determinado, los proyectos partirían de un marco común que aliviaría la gestión del adanismo ahora existente. Siempre se cree que si la persona nombrada es afín a nuestras ideas o incluso amiga, todo irá bien y no es cierto. Como mucho se producirá un alivio para una parte de los problemas, pero no se solucionará ninguno de los estructurales que son muchos y en ocasiones graves.

En un principio si existieran convocatorias para estos puestos realmente transparentes, que se dedicaran a encontrar el proyecto mejor y no a la persona con mayor proyección pública, se podría apoyar incondicionalmente este sistema, muy mejorado, con rigor en los jurados, pero ni así se puede garantizar una eficacia incuestionable, ya que se debería elegir a los que han acudido a la convocatoria que no son siempre los ideales, porque pueden quedarse fuera voluntariamente algunas personas capaces que no quieren pasar por las dudas de una selección condicionada por las consignas políticas.

Una designación directa se vincula de manera inequívoca con la responsabilidad política. En este caso se trata de atender a la capacidad de la persona elegida, de su proyecto y del margen de libertad con la que se le dota. Esto tampoco garantiza nada. Puede ser un acierto absoluto, pero será circunstancial porque en todo caso siguen faltando esas decisiones estructurales donde encaminar todos los objetivos. Un teatro con producción propia o de simple exhibición es un asunto. Lo mismo que un festival. Si son integrales, con programación y producción, se debe delimitar entonces las funciones de la dirección artística y la gerencial.

Podríamos seguir hasta el infinito, pero siempre nos faltará el principio adecuado. Establecer los objetivos generales, pensando en que se trata de una función pública que debe tener más objetivos que los más inmediatos, los mercantiles, que se inscribe dentro de un programa cultural general y que una buena gestión de un teatro o un festival no es suficiente para solucionar los problemas graves enquistados.

Dos paradojas. En Madrid, el partido que echó de malas maneras y por cuestiones ideológicas al director del Teatro Español con contrato en vigor, protesta ahora por la decisión del actual equipo de gobierno por hacer lo mismo en el Conde Duque. En Loja, el concurso de gestión lo ganó en primera instancia una empresa dedica a la ferretería. Los motivos de la elección de la ferretera eran económicos, presentó un presupuesto por debajo de los demás. Cuando se supo, el escándalo hizo que se anulara la concesión y se la diera a la segunda mejor clasificada. Pero pasaron unos meses cruciales y el equipo de esta edición que se acaba de terminar empezó a funcionar en setiembre. 

No quisiera pensar en el FIT de Cádiz y la rumorología contaminante que da escalofríos.

Y sin embargo el Teatro va.